Por la libertad de Raúl Hernández, preso de conciencia en México

De acuerdo con Amnistía Internacional, "se considera “preso de conciencia” a toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso." Prisioneros de conciencia son todas las personas que, a lo largo del mundo, han sido encarceladas por defender sus convicciones.

En la prisión de Ayutla, en Guerrero, México, Raúl Hernández cumple condena desde abril de 2008, junto a Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, integrantes de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa) quienes fueron detenidos y acusados falsamente del asesinato de Alejandro Feliciano. Cuatro de ellos fueron liberados, pero la presente fecha, Raúl permanece en prisión, aún habiendo testigos que aseguran que no estaba presente en ese momento, pues las autoridades se han negado a tener en cuenta sus testimonios.

La realidad es, que Raúl se encuentra cumpliendo condena por defender los derechos humanos del pueblo indígena, gravemente violentados en nuestros países latinoamericanos. (Hace unos días escribí sobre el pueblo wayúu.  Los Me'phaa, en México, no están demasiado mejor).

Este 17 de abril, Amnistía Internacional propone las siguientes acciones, con las cuales puedes colaborar para exigir a las autoridades la liberación de Raúl Hernández:

Acciones

• Participa en la acción web, escribiendo un email a Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, para liberar a Raúl: http://alzatuvoz.org/raul/
• Organiza un evento de solidaridad en tu comunidad: Tómate una foto en grupo, portando una pancarta con el mensaje: “Alza tu Voz por su Libertad”, para demostrar a Raúl, a su familia y a la OPIM que no están solos en su lucha por la justicia. Envía las fotos a online.communities@amnesty.org y agrégalos a tus blogposts. Tal vez podrían hacerlo en grupos numerosos o individualmente, ante un lugar famoso de su localidad para indicar de dónde son, o incluso desde el salón de su casa.

 Tal como dice la camisa de Raúl, Vivir con dignidad es un derecho, y nadie debería siquiera sentir temor por exigirlo.

Uno de cada tres habitantes urbanos habita en asentamientos precarios

Este es un post para la campaña Exige Dignidad, de Amnistía Internacional.
Cuando hablamos de derechos humanos, la principal característica que debemos tener en cuenta es su indivisibilidad: los derechos humanos forman un conjunto inseparable, interdependientes de tal suerte que ninguno de ellos puede considerarse realizado si otros son, entretanto, violados. La lucha contra la pobreza, entonces, no se encuentra determinada únicamente por factores económicos: está relacionada con factores tan amplios como la educación, la participación política, la libertad de expresión, el acceso a los medios de producción y la existencia de un sistema de justicia eficaz.
Uno de los factores más determinantes de la pobreza extrema, se encuentra en los asentamientos informales o infraviviendas. El acceso a cifras puntuales es difícil por la propia naturaleza de la problemática, pero de acuerdo a Naciones Unidas, uno de cada tres habitantes urbanos  habita en asentamientos precarios. Esta circunstancia, por otra parte, no se limita a la violación del derecho humano a una vivienda digna, sino que repercute en un sinnúmero de limitaciones que excluyen a gran parte de la población en el acceso al cumplimiento de sus derechos humanos más básicos: se dificulta el acceso a los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, recolección de basura, escuelas, hospitales, transporte público; se les excluye en la toma de decisiones, ignorando con frecuencia su propia existencia como fracción de la sociedad y profundizando la exclusión social de la que son objeto; frecuentemente omitidos en la formulación de políticas públicas e inclusive destinatarios de la violencia del sistema, al ser expulsados o desalojados de sus asentamientos por considerarse ilegales.
En Venezuela, de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (Censo 2001), se infiere que entre el 5% y el 6% de la población habitaba en asentamientos precarios, denominados ranchos, caracterizados por su carencia de servicios básicos y condiciones de seguridad habitacional y normas elementales de ordenamiento urbano. Casi la totalidad de dichos asentamientos se encuentran ubicados, bien en los denominados cerros, bien a orillas de carreteras o autopistas. En ambos casos, las condiciones climáticas añaden cada año un nuevo problema a los ya mencionados: los deslaves ocasionados por las lluvias generan cifras de damnificados que se cuentan por miles, y para los cuales el Estado no posee respuesta eficaz.
Aunado a esto, los niveles de violencia urbana y doméstica se elevan drásticamente en las zonas de asentamiento precario. Si tenemos en cuenta que dos tercios de la población venezolana en pobreza extrema están compuestos por mujeres, las cuales por lo general son cabeza de familia y poseen acceso limitado a la educación y al mercado laboral, con una alta incidencia de empleos subpagados y con escasa protección legislativa (como las trabajadoras domésticas e informales, por mencionar los dos ejemplos más significativos) podremos observar la gravedad de la situación: este porcentaje de la población se encuentra en la desprotección más absoluta de sus derechos humanos más elementales.
La situación de mi país es sólo un ejemplo: salvando las distancias socioculturales, este problema aqueja a todo el planeta, en especial a los países en vías de desarrollo. Los habitantes de los asentamientos precarios, los más pobres entre los pobres, están desprotegidos en sus derechos más elementales. La acción a seguir por parte de cada uno de nosotros, en especial aquellos que somos lo suficientemente privilegiados para contar con acceso a los mecanismos de justicia, debe ser exigir a nuestros gobiernos que lleven a cabo acciones concretas para erradicar la pobreza y garantizar los derechos humanos.
Próximo post sobre: La feminización de la pobreza en Latinoamérica.
Participa: Hacer que la ONU defienda más eficazmente los derechos de las mujeres.
Fuentes:
Demanda Dignidad: Asentamientos precarios (Amnistía Internacional)
Asentamientos precarios en Latinoamérica (UN -.pdf)
Uno de cada tres habitantes urbanos vive en asentamientos precarios (UN)
Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.